Elrodriguista……
Ante
unas 50 personas en Casa Bolívar se desarrollo un foro sobre la ley Hinzzpeter
y sus implicancias para el movimiento social.
Como
panelistas estuvo Iván Carrasco dirigente de la FENAPO y Florencio Pardo
abogado y candidato a concejal por la comuna de Santiago.
Leandro
Torchio integrante de Casa Olivar y del Centro de Estudios Francisco Bilbao fue
el moderador del panel.
Leandro
realizo una introducción al tema catalogando a la ley y su proyecto como parte
de una constante histórica de los sectores más retrógrados y represivos de
Chile. Para el dirigente las clases dirigentes siempre han considerado el orden
y el respeto a ley como parte de construcción ideológica bajo la idea
filosófica de que el hombre es el lobo del hombre y que la sociedad debe ser
muy represiva y castigar a los que se salen de los márgenes permitidos, para
eso las clases dominantes han intentado un disciplinamiento social a través del
miedo y de la represión directa. Las clases dominantes cuidan del orden social
que los beneficia.
Iván
Carrasco planteo que se termino un ciclo político en Chile, en que la
Concertación fue central para mantener la gobernabilidad y una tranquilidad
social en el desarrollo del neoliberalismo, eso se acabo y con nuevas
generaciones, con problemas sociales urgentes nace un estado de
movilización social permanente que las clases dominantes deben manejar de una
forma distinta a como lo hicieron en épocas recientes. Es esperable que leyes
de este tipo o parte de ellas sean impuestas por los poderosos y de ahí se
desprende que el movimiento social se deberá desarrollar en medio de una
realidad cada vez mas represiva. El escenario futuro implica que el mundo
social popular debe saber defenderse, que no tiene que caer en provocaciones y
sobre todo debe generar un poder territorial o sectorial que le permita
desplegar una política revolucionaria.
Florencio
Pardo explico con detalles las implicancias legales del proyecto ley y
desarrollo un conjunto de críticas a esta ley que a juicio del abogado intenta
vulnerar el principal derecho humano, el derecho a protestar.
Con
esta ley, si se llegase a aprobar los desordenes públicos tendrían una pena
mucho mayor y se sancionarían a los organizadores de las movilizaciones,
pasarían a ser delitos penales acciones como tomas, paros, cortes de tránsito
peatonal o varias actividades que hoy ni siquiera son faltas o delitos. En
definitiva el proyecto de ley es un intento grosero de criminalizar la protesta
social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario